FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

			Ha llegado a nuestras manos un trabajo elaborado por los integrantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia mediante el que se propone impulsar el restablecimiento, la operatividad y la dinámica necesarias para que ese organismo de control ejerza en plenitud las funciones constitucionales que le fueran asignadas. 

			Este proyecto, analizado en profundidad y articulado con el que presentáramos en mayo del año pasado originado en una iniciativa de la Asociación del Personal de los Organismos de Control, pretende reparar las consecuencias  derivadas de la sanción de la Ley Nº 495, modificatoria de la Ley Nº50, a la que me he opuesto oportunamente de manera enérgica pero lamentablemente infructuosa.

			Por éstas razones y por tantas otras que sería ocioso enumerar, he decidido hacer propia ésta iniciativa.

			Es tiempo de restaurarle facultades y, como bien lo destaca en sus fundamentos el proyecto de los miembros del Tribunal de Cuentas, de corregir errores como aquel de interpretar que el único control administrativo de la actividad del Estado debe hacerlo el Tribunal, lo que sumado a la obligación del control previo de los actos de gobierno prescripto por la Ley Nª 495 torna prácticamente imposible cualquier control efectivo.

			Así como lo sostuve en el año 2000, la Ley Nº495 lejos de contribuir a la transparencia de los actos administrativos del Gobierno, la obstaculiza.

			Por ello, señor Presidente, cuanto antes abordemos la discusión y resolvamos con el aporte de todos los sectores, mejor.-

			Descuento el acompañamiento de mis pares.

			

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR.

El cuerpo normativo que como proyecto se acompaña propone impulsar el restablecimiento de las actividades, operatividad y dinámica necesarias para que el Tribunal de Cuentas de la Provincia ejerza en plenitud las funciones que la sociedad reclama.
A tal fin, el proyecto contempla la eliminación del requisito del control previo como obstáculo a la realización del control posterior que surgió de la reforma al artículo 2º de la Ley provincial Nº 50 inciso b), el que por imperio del artículo 109 de la Ley 495, quedó redactado de la siguiente forma: ..."“b) ejercer el control posterior, de legalidad y financiero, de los actos administrativos sobre inversión de fondos, percepción de caudales públicos u operaciones financiero-patrimoniales del Estado provincial, que hubieran sido objeto de intervención preventiva y hayan sido observados.”
Sobre el particular vale citar del trabajo realizado por el Cr. Claudio A. Ricciuti, titulado El registro y control de los hechos públicos (obra en edición por parte de la imprenta del Congreso de la Nación) algunos textos que ponen en evidencia la necesidad de efectuar adecuaciones al la ley orgánica del Organo Constitucional de Control Externo de la Provincia:

..."En un análisis técnico, ceñido estrictamente al marco normativo vigente y haciendo abstracción de las ventajas prácticas que pueden resultar de la realización del control previo en aquellas administraciones que evidencian serias fallas estructurales y ausencia absoluta de controles internos, la modificación introducida con el agregado del último párrafo del inciso b) artículo 109 de la nueva 

norma, no solo desnaturalizó la estructura del control sino que, además constituye a mi juicio una limitación a  las atribuciones que la Constitución Provincial ha otorgado al Tribunal de Cuentas, en virtud a que en el ámbito del control externo atribuido a un organismo dotado a la vez de capacidad jurisdiccional (*), el control previo constituye un mecanismo de excepción, cuya utilización debe ser decidida por el controlante.

(*)El atributo de jurisdicción lleva consigo la capacidad de resolver controversias entre partes con fuerza de verdad legal que pronuncia un órgano imparcial e independiente (Mairal Héctor A., Control Judicial de la Administración Pública, Volumen I pag. 3 Depalma).

No puedo dejar de rememorar la destacada importancia que el legislador otorga al Sistema de Control Interno, que –en cierta forma- permite vislumbrar la influencia en la sanción de la norma por parte de nutrida y prestigiosa doctrina al respecto. 
Y ello no hace otra cosa que refrendar mi opinión, por cuanto que la nueva norma genera, por un lado nuevos sistemas de control interno –que no solo tienen atribuciones para desarrollar el control de legalidad sino que, además se les confieren atributos para desarrollar controles de gestión- en tanto que por otro carga al controlador externo de funciones que son propias del control interno.
Puede apreciarse con claridad que la Manda Constitucional atribuye tal capacidad (art.166 inc.2do.) ...”en la forma y con los alcances que establezca la ley...”, en tanto que en su artículo 168 ordena al Contador General ...”la observación de todas las ordenes de pago que no estén encuadradas dentro de la ley...”

Por ende, si el Constituyente hubiere pretendido que el Tribunal de Cuentas utilizara como procedimiento normal el control previo, no sólo que lo hubiera indicado expresamente (como lo hizo  dos artículos después al asignar –con acierto- funciones de control interno), sino que no le hubiere atribuido al Tribunal la función de ...”actuar como órgano requirente en los Juicios de Cuentas y Responsabilidad (inciso 5to. Art. 166 CP)...”, por cuanto que ello induciría al Tribunal de Cuentas a ser parte (dada su intervención en el proceso) y juez (en los Juicios de Cuentas y Responsabilidad que desarrolla en virtud a su jurisdicción).

Sentado el reconocimiento doctrinario y jurisprudencial acerca de la existencia de dos niveles de control (el interno que forma parte del organismo ejecutante y el externo desarrollado por un actor dotado de independencia funcional), resulta obvio que el Constituyente no deseaba superponer funciones así como tampoco neutralizar las atribuciones otorgadas al Tribunal en el inciso 5to., con las conferidas en el inciso 2do.

Idéntico razonamiento se alcanza, a mi criterio, con la lectura armónica de los incisos 2do. y  3ro. del art. 166, dado que si hubiere estado en la mente del Constituyente la idea que el Tribunal de Cuentas ejerciere el control previo como norma obligatoria (en lugar de hacerlo como excepción), se hubiere ahorrado el otorgamiento de la atribución de ...”realizar auditorías externas ... y de efectuar investigaciones a solicitud de la Legislatura...”

En otras palabras, el esquema que impone la nueva legislación no solo  desnaturaliza la esencia del control externo sino que contribuiría a afectar institutos de rango constitucional, como por ejemplo la independencia del Tribunal de Cuentas, afectando la imparcialidad de sus pronunciamientos.

Cabe acotar que si sólo pudieran ser objeto de control posterior los actos observados en el control preventivo, se estarían restando facultades al Tribunal en violación al artículo 166 inc. 2do de la Constitución Provincial.

Por otro lado, las nuevas disposiciones normativas establecen limitaciones en las labores a desarrollar para emitir Informes sobre la Cuenta de Inversión. 
La Constitución atribuye al Tribunal de Cuentas la función de Informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior (art.166 inciso 4to.). En ese entendimiento, las tareas a efectuar en torno al examen de las cuentas de inversión se enmarcan en la responsabilidad profesional (se trata de un Dictamen sobre Estados Contables) y por ello, quienes efectúan dichas labores deben contar con absoluta libertad operativa a lo largo de todo el proceso. 	
Por tal razón, la nueva norma compromete la realización de tal función, dado que para llevar adelante dicha tarea el controlador debe desarrollar tareas que implican simultaneidad en el avance y retroceso (examen direccionado del registro al documento y del documento al registro). 

Es importante aquí, destacar la evolucionada legislación española al respecto, que el Cr. Ricciuti rememora en su obra:
Con acierto, la Ley General Presupuestaria española (Texto refundido aprobado por Real decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre), en su Disposición Adicional 1.- establece que ...” la Intervención General de la Administración del estado determinará los actos, documentos o expedientes sobre los que la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 93 de ésta Ley, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total de la población. Este Centro determinará, asimismo, los procedimientos a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra, de manera que se garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones que puedan derivarse del ejercicio de ésta función ...” (ver Nota)

Nota: La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), tiene funciones análogas a las realizadas por los órganos de control interno, es decir, tiene encomendadas funciones de vigilancia, impulso y coordinación de la labor realizada por las Oficinas de Contabilidad existentes en cada ministerio. Estas últimas llevan a cabo el registro material de las operaciones contables.
Por Decreto de 3 de Octubre de 1952, se establecieron Oficinas de Contabilidad dependientes del Ministerio de Hacienda, en los Ministerios civiles y Organismos Autónomos. Así, según lo dispone el artículo 124 de la Ley General Presupuestaria, el Ministerio de Economía y Hacienda es el competente para registrar la ejecución de los presupuestos en sus distintas modalidades y entre otras funciones también, la de proporcionar a la Intervención General los datos necesarios para la formación de la Cuenta General.
De lo expuesto, y del análisis armónico de los artículos 124 a 126 de la Ley General Presupuestaria, se deduce que, en general, la Intervención –en lo referido a la contabilidad- únicamente tiene atribuidas funciones de dirección.

En el articulado de la norma citada se indican excepciones a la intervención previa que realiza la Intervención General, como ser los gastos de material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de 500.000 pesetas que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.

Fiscalización previa limitada
La norma española indica que el Gobierno podrá acordar, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, que la intervención previa en cada uno de los Ministerios, Centros, Dependencias u Organismos, se limite a comprobar ciertos extremos como ser:

-La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza del gasto u obligación.que se proponga contraer.
-En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter plurianual se comprobará, además si se cumple lo preceptuado en el artículo 61 de la Ley, que las obligaciones o gastos se generan por órgano competente.
-Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión determine el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado. (art.95 de la Ley General de Presupuesto de España)

No obstante, la Ley española indica que dicho acuerdo no obsta a que los Interventores-delegados puedan formular las observaciones complementarias que consideren convenientes sin que las mismas 

tengan,en ningún caso efectos suspensivos en la tramitación de los expedientes correspondientes.
	 
Fiscalización posterior plena
En ese entendimiento, la Ley General de Presupuestos de España determina que las obligaciones o gastos sometidos a la fiscalización limitada a que se refiere el número 3 del artículo 95  (explicitado en párrafos precedentes) serán objeto de otra plena con posterioridad, ejercida sobre una muestra representativa de los actos, documentos o expedientes que dieron origen a la referida fiscalización, mediante la aplicación de técnicas de muestreo o auditoría, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos.

De esa forma, los Interventores-delegados que realicen las fiscalizaciones con posterioridad deberán emitir informe escrito en el que hagan constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas.
Estos informes se remitirán al Jefe del Departamento, para que formule en su caso, y en el plazo de quince días las alegaciones que considere oportunas elevándolos posteriormente a la Intervención General de la Administración del Estado.

La Intervención General de la Administración del Estado (España) dará cuenta al Consejo de Ministros y a los Centros directivos que resulten afectados de los resultados más importantes de la fiscalización realizada con posterioridad y en su caso, propondrá las actuaciones que resulten aconsejables para asegurar que la administración de los recursos públicos se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.

Como puede comprobarse, la norma española garantiza que el alcance de las tareas a realizar debe ser determinado por el profesional que asume la responsabilidad en el Informe Final, de modo que no puede limitársele el uso de las reglas del arte y la profesión en la definición de la muestra que él estime necesaria revisar a fin de contar con elementos de juicio suficientes que le permitan emitir su opinión profesional haciéndose responsable de ello –se trata de una facultad inalienable del profesional que audita-.
Lo expuesto en los párrafos precedentes queda ratificado con el dictado del Decreto 2460 que en su artículo 109 indica ...” a los efectos del cumplimiento constitucional de aprobar o desaprobar en forma originaria la recaudación e inversión de los caudales públicos (Artículo 166 inc. 4 de la Constitución Provicial). El Tribunal de Cuentas podrá tener acceso a la documentación que requiera, aún cuando ésta no haya sido intervenida previamente con la única finalidad de emitir el informe pertinente...”,  huelgan comentarios.
En el mismo contexto la norma sancionada no comulga con la disposición Constitucional que atribuye al Tribunal de Cuentas la aprobación o desaprobación en forma originaria de la recaudación e inversión de fondos. (inciso 1ro. art.166 CP).
Lo cierto es que la defección legal promueve el recuerdo de la historia misma de la creación de los órganos de control externo (ver 25.2.1.- Un poco más de historia), marcando la contradicción histórica, doctrinaria y normativa suscitada en torno a los artículos de la Ley Provincial 495 que parecen establecer cierta dependencia del Tribunal de Cuentas respecto del Poder Ejecutivo, en tanto que el control externo que desarrolla éste organismo es función propia –y constitucional- del Poder Legislativo (art. 105 inc. 16 y 17 Ley Suprema de la provincia).
En ese contexto de imprecisiones y contrastes normativos, se destacan:
-La reforma al artículo 2º de la Ley provincial Nº 50 inciso b), respecto de la limitación del control posterior y la reforma al artículo 26º de la Ley provincial Nº 50, que determina la aprobación del presupuesto del Tribunal de Cuentas por parte del Poder Ejecutivo, 
-La reforma al artículo 29º de la Ley provincial Nº 50, que determina que la cuenta de inversión del Tribunal será aprobada por el Poder Ejecutivo y la reforma al artículo 32º de la Ley provincial Nº 50, que determina que el control previo será obligatorio toda vez que así lo determine el Poder Ejecutivo, 
-El artículo 129, que establece que el Poder Ejecutivo deberá establecer en la reglamentación el programa de aplicación de la ley y que el Tribunal de Cuentas deberá ajustar el alcance de sus funciones y atribuciones al programa de aplicación establecido por esa reglamentación.
En todos los artículos enunciados puede verificarse que las funciones que la Constitución puso en manos de la Legislatura Provincial  -en cuanto al examen de la cuenta de inversión, delegadas al Tribunal de Cuentas-,  así como las funciones de censura -también propias del Cuerpo Legislativo en atención al artículo 166 inciso 2) último párrafo de la C.P.-, son dispuestas -por normas de menor rango- en la esfera del Poder Ejecutivo, lo que puede constituir no sólo un retroceso en la evolución de los esquemas de control sino también una posible falta de concordancia con las normas superiores.

...”También el Parlamento tiene a su cargo la fiscalización de la cuenta de inversión, por la cual el órgano ejecutivo rinde cuentas de la ejecución y cumplimiento del presupuesto. 
Existe una íntima relación entre el presupuesto y la cuenta de inversión, pues el Parlamento es el encargado de examinar lo que ha sido autorizado en cada crédito presupuestario y lo que se ha comprometido y pagado efectivamente con cargo a esos créditos.
La facultad de “aprobar o desechar” la cuenta de inversión alude a la actividad de control del Congreso ... (Reforma del Estado y Transformación Nacional, Carlos Menem-Roberto Dromi, Editorial Ciencias de la Administración SRL, 1990, pag.201)

Otro escollo legislativo a la tarea del controlador, lo constituye el  Artículo 119 de la Ley 495 que reforma el  artículo 32 de la Ley provincial Nº 50, determinando que el control preventivo será obligatorio, toda vez que lo requiera el Poder Ejecutivo provincial o el ente sujeto a control. La inexistencia de control preventivo con observación, obsta a su posterior intervención por el Tribunal de Cuentas.
La modificación legislativa al artículo citado expone al órgano de control externo a ser virtualmente "colapsado" por decisión de los entes controlados. Bastaría, para comprender tal afirmación, proponer la hipótesis que, ante la inseguridad, ineficiencia, holgazanería o simplemente la temerosidad de los responsables de las diferentes administraciones, todos los entes sujetos a control “obligaran al Tribunal de Cuentas” a realizar el control preventivo en todos sus actos, tal como lo habilita la norma. O bien, que los entes controlados obligaran al Tribunal, por imperio de la ley,  al control de múltiples expedientes de escasa significatividad en cuanto a los montos erogados por el Estado,  pero de ardua laboriosidad administrativa, omitiendo el envío o bien impidiendo a éste el control de operaciones de importancia, que escaparán al control previo y por ende, en base a la restricción legal, al control posterior.
Nótese que la norma no limita la facultad de obligar  en el Poder Ejecutivo sino  que la extiende a cualquiera de los entes sujetos a control externo. ...”El control preventivo será obligatorio, toda vez que lo requiera el Poder Ejecutivo provincial o el ente sujeto a control...” 
Como puede verse con facilidad,  la ley  vigente invierte (irreflexiva y peligrosamente) una atribución que la Constitución confiere al Organo de Control, colocándola en potestad del controlado.
El Cr. Ricciuti reflecciona en su trabajo al respecto e indica:
Sobre la sentencia respecto de que la inexistencia de control preventivo con observación, obsta a su posterior intervención por el Tribunal de Cuentas, Cabe razonar que en tanto la norma determina que la inexistencia de control preventivo con observación, obsta a su posterior intervención por el Tribunal de Cuentas, resulta obvio que la determinación de cuales serán los actos sometidos al control previo debe estar en forma exclusiva y excluyente en manos de quien controla.
De hecho, en tanto la propia norma sancionada establece la incorporación de un sólido Sistema de Control Interno,  la razón indica que es sobre éste donde los entes sujetos a control deben imponer tales extremos y no al órgano de control externo.
Además de doblegar  por ley una atribución Constitucional del Tribunal, no debe olvidarse que la realización del control previo, en los sistemas abiertos y descentralizados bajo el modelo de Tribunales de Cuentas con atribuciones jurisdiccionales, de acuerdo a la numerosa doctrina de los autores, indica que debe darse en casos excepcionales y en los actos administrativos que objetivamente no comprometan la imparcialidad del organismo. 
Esa es la única forma para que el Tribunal pueda luego cumplir con las misiones fundamentales que son la razón de su existencia a saber: Auditoría externa y Organo Jurisdiccional.
La Constitución provincial, al prever la instauración del control externo en torno al modelo de Tribunal de Cuentas, integrándolo con Miembros cuyas designaciones involucran sistemas de selección mixtos (el miembro abogado es propuesto por el Consejo de la Magistratura y uno de los Miembros Contadores es propuesto por la Legislatura), y atribuyéndoles a los mismos las mismas incompatibilidades, inhabilidades y prerrogativas que los magistrados del Poder Judicial, lejos está de pretender someter el funcionamiento del Organo de Control externo a las influencias de la dependencia funcional de los entes controlados y de la relación de mando ejercida por uno de los Poderes sometidos a su control.
Debe notarse que de acuerdo al nuevo texto legal, el Director de un ente podría estar  facultado para imponer obligaciones que modifican el funcionamiento interno del Organo Constitucional de Control Externo de la Provincia.

El proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas Provincial que acompañamos propone tres modalidades de control: a.-Un Control Preventivo, efectuado previo al pago sobre las tramitaciones de licitaciones públicas o privadas y a las contrataciones directas por excepción, b.-Un Control Concomitante, que se desarrollará dentro del término de 30 días de efectuado el pago o de dictado de todo acto administrativo sobre percepción de caudales públicos u operaciones financiero patrimoniales,  y c.- Un Control Posterior de los actos que no hubieren sido intervenidos según las modalidades anteriores y de los intervenidos que hubieren sido pasibles de observación.
Especial mención merece la reforma introducida por el artículo 121 de la Ley 495, por el que establece una suerte de Aprobación automática, al modificar el artículo 38 con un texto que indica:  
Las cuentas no observadas por el Tribunal se considerarán aprobadas si transcurriesen un (1) año desde el momento en que se debió realizarse la rendición o seis (6) meses desde la renuncia, vencimiento de mandato o separación del cargo del agente responsable de rendir cuentas, caducando a partir de entonces el derecho de reclamo sobre las mismas.”
La “automatización” que impone la norma no parece conciliar con las expectativas que la sociedad tiene actualmente respecto del desarrollo de las administraciones públicas.
Suele exponerse como fundamento de la norma, que las demoras en que los Organos de Control incurren en sus tareas de revisión, atentan contra el ejercicio del derecho de defensa de los cuentadantes que, en ocasiones, deben responder a reparos del controlador cuando ya han dejado de ejercer sus funciones públicas.
A nuestro juicio, la responsabilidad de quien asume la digna y honrosa función de administrar de fondos públicos debería ser imprescriptible (o cuando menos asumida por el funcionario como naturalmente imprescriptible. -artículo 515 del C.C.  ...”Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas sólo en el derecho natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas ...”-)
Y este tema está vinculado estrechamente con el término que la ley determina para la Prescripción de la acción que ha quedado reducido al exiguo margen de un año. ( Artículo 125.- Refórmase el artículo 75 de la Ley provincial Nº 50, el que quedará redactado de la siguiente forma: La acción de responsabilidad patrimonial prescribe al año de cometido el hecho que causó el daño o de producido éste si fuere posterior. La suspensión e interrupción de este instituto se rigen por las normas del Código Civil.”). 
Cabe rememorar que el texto original de la Ley Provincial Nro. 50 fijaba el término de prescripción en tres años. 
Es de toda sencillez advertir que la modificación legislativa constituyó una riesgosa desprotección al Erario Público, toda vez que vuelve a limitar  la capacidad de control y la posibilidad de resarcimiento de eventuales perjuicios fiscales  a un exiguo límite temporal.
La experiencia desarrollada en el ámbito de los Tribunales de Cuentas (y puede decirse, sin temor a equívoco, que lo mismo ocurre en el fuero penal), permite afirmar (no en el ámbito excusable del error involuntario) la factibilidad de existencia de maniobras de simulación y ocultamiento (desdoblamientos y contravenciones económicas) cuya verificación requiere de tiempos mucho más amplios que los impuestos por la norma que se analiza. 
No debe olvidarse que los actos realizados en la administración pública se efectúan en un marco normativo que regula taxativamente cada paso y cada exigencia formal (los procedimientos indican como compulsar precios, como comprar, como pagar, como registrar, etc.), de modo que su incumplimiento por parte del responsable difícilmente pueda deberse a incertidumbre o determinaciones sobre temas no normados. 
Por otro lado, en tanto la misma norma genera Sistemas de Control Interno y somete al Organo de Control externo a la realización del control previo obligatorio, hace más obvia la afirmación efectuada en el párrafo anterior.
El control de legalidad que efectúa el Tribunal de Cuentas se realiza tomando como referencia parámetros normativos predominantemente estáticos, presumidos conocidos  y  objetivos, que son los mismos de los que disponen los cuentadantes para ejecutar los actos y eso invalida cualquier opinión que pretende justificar la dificultad de defensa de un funcionario ante la acción posterior del Tribunal.
En otras palabras, el agente o funcionario público, por el sólo hecho de serlo, está obligado a saber cual es la norma que debe ser el marco en el que debe dictar sus actos y ejecutar sus hechos.
Si bien no consta en los diarios de sesiones, el fundamento de la modificación podría radicar en la necesidad de evitar que el funcionario público quede expuesto en el tiempo al accionar del Tribunal (principalmente una vez que ha cesado sus funciones).
Lo cierto es que, como nada se improvisa -dado que toda la actividad administrativa está minuciosamente normada- no existe posibilidad por la que, no habiéndose apartado de las normas vigentes los funcionarios queden con carencia de certidumbre sobre sus actos u omisiones.
Por otra parte, el establecimiento de dos pautas temporales diferentes dará nacimiento a una inagotable fuente de conflictos, amén de la necesidad de implementar sistemas de información complejos ante la renuncia o separación del cargo de los agentes y funcionarios.
En tal sentido, afirma el trabajo del Cr. Ricciuti: 
..."La norma sancionada  no encuentra fundamento en el derecho positivo comparado. Ya he dicho que, a mi juicio, la responsabilidad de quien asume la digna y honrosa función de administrar de fondos públicos es naturalmente imprescriptible. (artículo 515 del C.C. : ...”Las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho a exigir su cumplimiento. Naturales son las que, fundadas sólo en el derecho natural y en la equidad, no confieren acción para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas por el deudor, autorizan para retener lo que se ha dado por razón de ellas ...”)
El Código Civil argentino, al establecer términos de prescripción en situaciones donde están en juego dineros particulares, determina plazos más amplios que los que aquí se  imponen para la salvaguarda de los fondos públicos.
La Legislación Nacional -Ley 24156, de Administración Financiera y de los sistemas de Control del Sector Público Nacional-, que sirvió de marco de referencia para la confección de la Ley de Administración Provincial, remite a los plazos fijados por el Código Civil :

Ley 24156 art.131 : ...”La acción tendiente a hacer efectiva la responsabilidad patrimonial de todas las personas físicas que se desempeñen en el ámbito de los organismos y demás entes premencionados en los artículos 117 y 120 de ésta ley, prescribe en los plazos fijados por el Código Civil contados desde el momento de comisión del hecho generador del daño o de producido éste si es posterior, cualquiera sea el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial aplicable con éstas personas...”

Nota: La responsabilidad de los agentes públicos derivada de actos realizados en el ejercicio o con ocasión de sus funciones posee índole contractual, siendo el término de prescripción al que alude ésta disposición el decenal fijado por el Código Civil. Ello por cuanto la remisión del artículo debe entenderse como genéricamente hecha al citado artículo 4023 del Código Civil (Procuración del tesoro de la Nación Dictamen Nro.170 de fecha 23-11-93) Revista Argentina del Régimen de la Administración Pública. Séptima Edición Ley de Administración Financiera y Control de Gestión –Estudio preliminar y comentarios Eduardo Mertehikian- Editorial Ciencias de la Administración División Estudios Administrativos

El estrecho término concedido al Estado Provincial para accionar contra los funcionarios públicos que (pese a la labor de los Sistemas de Control interno y externo) hubieren producido perjuicio fiscal, no parece ser compatible con las exigencias constitucionales de garantizar la  igualdad, que se inician con el propio Preámbulo de nuestra más alta norma, confiriendo un trato preferencial para quienes asumen la responsabilidad de administrar y disponer de fondos públicos, desatendiendo los principios de igualdad de oportunidades plasmados en el artículo 14 inciso 4 de la Carta Magna.

Errores comunes
A mi juicio, la norma sancionada legaliza los errores más comunes en torno a los  Tribunales de Cuentas, interpretando que el control de la actividad del Estado es efectuado únicamente por el Tribunal de Cuentas y que el Organo de Control Externo (que en cierto sentido deja de serlo bajo el imperio de la nueva normativa que impone el control previo obligatorio toda vez que lo solicite el controlado) es el único que puede evitar todo tipo de errores de la Administración Pública.

La norma tiende a concentrar toda la responsabilidad que el Código Civil pone en cabeza de los Funcionarios Públicos (art.1112) en los Profesionales Contables del Tribunal de Cuentas que realizan las tareas de auditoría y control y suscriben los informes y certificaciones (cuyas tareas limita).

Contrariamente a ello, autorizada doctrina, jurisprudencia y la propia realidad indican que:
-El control de la actividad del Estado es efectuado por múltiples actores.
-Es por ello que en las organizaciones existen diferentes niveles jerárquicos (Agentes, Jefes, Directores, Subsecretarios, Secretarios, Ministros, Contadores Generales, Tesoreros, Areas de Control Interno, etc.)
-En virtud de ello en los estados modernos el ejercicio del poder ha sido distribuido en diferentes estamentos.

-En función de ello  la doctrina y la jurisprudencia, en constante evolución, han dado origen a Organismos de Control Externo (Tribunales de Cuentas, Auditorías Generales, Fiscalías de Estado) que no tienen por función específica subrogar la responsabilidad de los funcionarios actuantes en la administración activa sino, por el contrario, comprobar su vigencia (vigilarla).
-El Control es un proceso que se inicia y sustenta fundamentalmente en la responsabilidad del agente o funcionario que realiza el acto u ordena su ejecución, y continúa un camino donde se producen múltiples verificaciones. 
En dicho proceso participa: 
a)Toda la estructura Jerárquica de la organización (en sus 
estamentos técnicos y políticos), 
b)El sector privado que interactúa con el Estado (actores sociales y políticos, proveedores, Prensa, Comunidad en general), 
c)Los Organismos de Control (Legislaturas, Tribunales de Cuentas, Fiscalías de estado, Contadurías Generales, Tesorerías). 

La paradoja
	Conforme el texto de la norma (artículo 125 de la Ley 495, modificatorio del art.75 de la Ley 50), la acción de responsabilidad patrimonial prescribe al año de cometido el hecho que causó el daño o de producido éste si fuere posterior. 
Esto significa que el organismo donde se produjo el perjuicio fiscal (o quien ostente legitimidad activa) cuenta con mayor plazo para resarcir el daño que el propio Tribunal de Cuentas de la Provincia, toda vez que podría iniciar Acción Resarcitoria (daños y perjuicios) ante el fuero Civil, en cuyo caso contará con plazos de prescripción mucho más prolongados (vg.: la prescripción decenal del art.4023 del Código Civil: Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años...).
En la causa caratulada "Tribunal de Cuentas c/A.E.E. s/Daños y Perjuicios expte. Nº5634" ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial Sur de la Provincia de Tierra del Fuego, el Organo de control externo inicia Acción Resarcitoria por daños y perjuicios. 
El demandado opone excepción de prescripción de la acción aduciendo que ..."la demanda se sustenta en el presunto daño patrimonial al haber recibido sumas en concepto de asignación familiar por hijo, esto es que se encuadra dentro de las estipulaciones establecidas en la Ley 50..." ..."consecuentemente ... al ser el presente un juicio iniciado en el marco de la Ley 50, la acción de responsabilidad patrimonial prescribe al año de cometido el hecho que causó el daño (art.75 Ley 50 mod. Art.125 Ley 495)"... 
El Juez no hace lugar a la excepción, sosteniendo que: ..."La actora, Tribunal de Cuentas ... actúa en ésta instancia causada en su esfera interna de administración y no por las funciones impuestas por la ley que lo regula"...  ..."En lo referente a la prescripción liberatoria, tenemos que ella es inescindible de la acción, es decir que transite desde que aquella nace y desde que la obligación resulta ser exigible que es, precisamente cuando puede ejercer la acción el acreedor"...   ..."Como dejé dicho anteriormente, en ésta instancia importa cuál es la relación base entre actor y demandado y la obligación sobre la que se asienta ésta para determinar que plazo de prescripción rige. Desde ésta posición, en la especie es aplicable el art. 4023 del Código Civil que dice: "Toda acción personal por deuda exigible se prescribe por diez años, salvo disposición especial"... Por todo ello fallo: 1.-Rechazando la excepción de prescripción planteada por el demandado, en virtud a los arts.784 y cctes. Y 4023 del Código Civil, con costas a su cargo" ...

En otro orden de ideas, la experiencia ha demostrado que la constitución de las Vocalías conjuntas, integradas por el Miembro Presidente y de un Miembro Vocal,  no aporta mayor beneficio operativo, a la vez de determinar la inconveniencia que, en función a la rotación de la presidencia del cuerpo, se instituya periódicamente como Vocal Legal a los Miembros Contadores.
Así las cosas, se interpreta que el organismo obtendrá mayor operatividad estableciendo por ley la conformación de dos Salas en las que actuarán en forma unipersonal cada uno de los Miembros Contadores.
En esa línea, que intenta una mayor dinámica en el accionar del Tribunal de Cuentas, se estatuyen dos nuevas figuras: a.. Un Fiscal Acusador, cuya función será la de efectuar la acusación prevista en el artículo 55 de la ley y sostenerla durante la substanciación del Juicio Administrativo de Responsabilidad ante el Plenario de Miembros (dotando de mayor imparcialidad al juicio).
b.-Un Asesor Letrado al que se le asigna la responsabilidad de emitir dictámenes legales, liberando de tal responsabilidad a la Secretaría Legal que podrá entonces ocupar en plenitud las tareas de asistencia al Vocal Legal.

PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
12/02/2004

CAPITULO I
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 1°.- El Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo de contralor externo de la función económico-financiera de los tres poderes del Estado Provincial. El control comprenderá también a las municipalidades -en tanto no establezcan un órgano de contralor específico en sus cartas orgánicas-, a las comunas, a las empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Provincial, municipalidades y comunas, y a los entes autárquicos y jurídicamente descentralizados provinciales, municipales o comunales

Artículo 2°.- De conformidad con lo establecido por la Constitución Provincial, el Tribunal de Cuentas ejercerá las siguientes funciones, para lo cual los cuentadantes deberán asumir la colaboración sustancial, en todos sus niveles jerárquicos, en especial los indicados en los artículos 97 y 99 de la ley Provincial 495 y el artículo 168 de la Constitución Provincial:

a) Disponer la realización del Control Preventivo Externo, Legal, Presupuestario, Económico, Financiero y Patrimonial de los actos administrativos que dispusieren fondos públicos de acuerdo a la reglamentación que dicte el mismo Tribunal de Cuentas; en las actuaciones por las que se hallan tramitado licitaciones públicas o privadas y contrataciones directas por excepción.
b) Efectuar el Control Concomitante Externo en la forma establecida en el Capítulo IX de la presente;
c) Ejercer el Control Posterior Externo, de legalidad y financiero, de los actos administrativos sobre inversión de fondos, percepción de caudales públicos u operaciones financiero-patrimoniales del Estado provincial, que no hubieran sido intervenidos según las modalidades previstas en los incisos anteriores y los que intervenidos hubieren sido pasibles de observación. 
d) fiscalizar la gestión de los fondos públicos otorgados por medio de subvenciones, préstamos, anticipos, aportes o garantías;
e) realizar auditorías externas;
f) informar a la Legislatura sobre las cuentas de inversión del presupuesto anterior, antes del 30 de junio del año siguiente;
g) juzgar la responsabilidad civil de los estipendiarios del Estado, por daños o perjuicios causados a este con dolo, culpa o negligencia. 
h) iniciar la acción civil de responsabilidad por daños causados al Estado contra los agentes por daños causados al Estado, sin que necesariamente haya que sustanciar en forma previa el juicio administrativo. 
i) elevar un informe anual sobre su gestión a la Legislatura, antes del 30 de junio del año siguiente, debiéndose publicar en el Boletín Oficial;
j) realizar el examen y juicio de cuentas;
k) asesorar a los poderes del Estado Provincial en materia de su competencia. Las consultas formuladas al Tribunal de Cuentas, en carácter de asesoramiento, deberán tener carácter general, formuladas por las autoridades superiores de los poderes del Estado y solo procederán cuando no corriere riesgo de prejuzgamiento.El Tribunal establecerá el procedimiento y requisitos.
l)Interpretar las normas establecidas en ésta ley y toda otra en materia de su competencia, de conformidad al procedimiento que establezca el Tribunal. Los pronunciamientos del Cuerpo Plenario del Tribunal de Cuentas constituirán la jurisprudencia aplicable  en tanto no sean recurridos en sede judicial. 

Artículo 3°.- El Tribunal de Cuentas podrá extender su competencia, por acuerdo plenario de sus miembros, al control preventivo, concomitante o posterior de los actos de las entidades de derecho público no estatales o de derecho privado, siempre que este último caso el Estado provincial estuviere asociado o fuere responsable de la dirección o administración, en las mismas condiciones del inc. b del artículo 2º. Quedan excluidas las personas jurídicas comprendidas dentro del Derecho Comercial que por ley tienen asignados órganos propios de control, que tengan por objeto actividades bursátiles, bancarias y/o financieras, en concordancia con el artículo 106 de la Ley Provincial 495, lo que no obsta a la competencia del Tribunal de Cuentas para resarcir el perjuicio fiscal provocado por los funcionarios públicos de dichas entidades.

Artículo 4°.- El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes atribuciones:
a) Autorizar y aprobar sus gastos, con arreglo al reglamento interno y disposiciones vigentes;
b) observar los actos administrativos que dispusieren gastos con transgresión de disposiciones legales o reglamentarias, cuando ejerciere el control preventivo de legalidad. La observación en el control concomitante y posterior será efectuada en la parte no ejecutada.
c) solicitar información, documentación o dictámenes a cualquier órgano o dependencia del Estado y a las personas, físicas o jurídicas, que contraten con él o hayan sido beneficiarias de subsidios.
d) comunicar a la Legislatura toda transgresión a las normas que rigen la función financiero-patrimonial del Estado por los funcionarios sujetos al procedimiento de remoción por juicio político, legisladores, y magistrados o funcionarios judiciales sujetos a enjuiciamiento;
e) constituirse en cualquiera de los órganos o dependencias para realizar auditorías;
f) requerir las rendiciones de cuentas y fijar los plazos perentorios de presentación;
g) formular recomendaciones;
h)aplicar sanciones. Apercibir y aplicar multa de hasta el diez por ciento (10%), del sueldo nominal del responsable por desobediencia a las resoluciones fundadas sobre requerimiento de documentación y/o transgresiones a las disposiciones legales y/o reglamentarias, estipuladas en la presente ley. La contumacia o reiteración agravará la pena en el limite de hasta el veinte por ciento (20%) del sueldo del agente o funcionario. 
El Plenario de Miembros podrá merituar las transgresiones formales cuando las mismas se deriven de un error involuntario evidente  que pueda ser probado por el cuentadante a través de los antecedentes disponibles, pudiendo en tales supuestos eximir de sanción. 

Artículo 5°.- El producido de las multas, así como los que se originen en la regulación de honorarios profesionales  que realicen los organos judiciales en los juicios donde el Tribunal de Cuentas sea parte,  será ingresado a la cuenta del Tribunal y destinado un cincuenta por ciento a la adquisición de bibliografía y actividades de capacitación al personal y el cincuenta por ciento restante de acuerdo a la reglamentación que el organo de control dicte en su efecto.

CAPITULO II
DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL

Artículo 6°.- El Tribunal de Cuentas estará integrado por tres (3) miembros designados por el Poder Ejecutivo Provincial, en la forma establecida en el artículo 164 de la Constitución Provincial.

Artículo 7°.- Uno de los miembros Contadores del Tribunal será designado a propuesta de la Legislatura. El miembro abogado será designado a propuesta del Consejo de la Magistratura.

Artículo 8°.- Los miembros del Tribunal de Cuentas tendrán las mismas prerrogativas, incompatibilidades e inhabilidades que los magistrados que integran el Poder Judicial Provincial.

Artículo 9°.- Los miembros del Tribunal sólo podrán ser removidos por el procedimiento de juicio político.

Artículo 10.- El cargo de miembro del Tribunal de Cuentas será incompatible con el ejercicio de la profesión u otra actividad rentada, con excepción de la docencia.

Artículo 11.- Los miembros del Tribunal de Cuentas prestarán juramento ante el mismo Cuerpo.

Artículo 12.- En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado por el vocal que le sigue de turno, de conformidad con el sorteo para el ejercicio de la Presidencia. Si el ausente o impedido fuere un Vocal de Auditoría, será sustituido, a los efectos de la atención del despacho urgente de la Sala a su cargo, por el otro Vocal de Auditoría. Si el ausente o impedido fuere el Vocal Legal, de ser necesario el tratamiento urgente de algún tema, se deberá recurrir al listado de conjueces de acuerdo a lo previsto en el artículo 26 de ésta ley. Identico tratamiento tendrá la  ausencia prolongada de dos de los Vocales, en caso de ser necesario el tratamiento urgente de algún tema.

Artículo 13.- Si el Tribunal comprobare por sí, que algún miembro del Cuerpo se encuentra comprendido en alguna de las causales de inhabilidad, cursará comunicación a los poderes Ejecutivo y Legislativo.

CAPITULO III
DE LA PRESIDENCIA

Artículo 14.- La Presidencia del Tribunal de Cuentas será ejercida durante el plazo de un año por cada miembro, en forma rotativa, por sorteo y en forma simultánea al desempeño como Vocal, sea Legal o de Auditoría.

Artículo 15.- Son facultades del Presidente:
a) Representar al Tribunal de Cuentas;
b) proponer al Cuerpo el plan anual de acción que establecerá los criterios de control de las operaciones económico-financieras; 
c) elaborar el proyecto de presupuesto del Tribunal;
d) presidir los acuerdos plenarios con derecho a voz y voto, contando con doble voto en caso de empate;
e) firmar las resoluciones y toda otra comunicación dirigida a autoridades o a terceros que dicte en el ejercicio de su función
f) ejercer la superintendencia sobre el personal, pudiendo delegar la potestad disciplinaria en los vocales;
g) requerir la remisión de antecedentes e informes;
h) fijar el día y la hora de reunión para los acuerdos plenarios del Cuerpo;
i)disponer las erogaciones correspondientes al organismo y autorizar las órdenes de pago.

CAPITULO IV
DE LOS VOCALES

Artículo 16.- Es competencia de los vocales del Tribunal: a) Integrar los acuerdos con derecho a voz y voto; b) solicitar la constitución del Cuerpo en plenario; c) fundar sus votos.

CAPITULO V
DE LA ESTRUCTURA DEL TRIBUNAL

Artículo 17.- El Tribunal de Cuentas estará integrado por tres Vocalías, dos de Auditoría, cada una a cargo de un Vocal Contador, las que se dividirán las labores de acuerdo al reglamento interno y se individualizarán como Sala I y Sala II, y una Vocalía Legal a cargo del Vocal Abogado. Los Miembros podrán designar, a efectos de su asesoramiento y asistencia, personal sin estabilidad en el cargo, según se establezca por reglamento interno, el que cesará sus funciones cuando lo disponga el Vocal que los designó ó el día en que éste, por cualquier motivo dejara su cargo. El nombramiento del personal mencionado queda exceptuado de los requisitos del artículo 86 de ésta ley.

Artículo 18.- Cada Sala de  Auditoría será asistida por un Secretario que deberá poseer el título de Contador Público Nacional expedido por universidad reconocida por el Estado, con un mínimo de tres (3) años en el ejercicio de la profesión. En caso de ausencia prolongada, impedimento, excusación o recusación, las funciones del Secretario podrán ser subrogadas por un Auditor Fiscal designado por el Plenario de Miembros. El Tribunal de Cuentas establecerá la remuneración de la subrogancia por reglamentación interna.

Artículo 19.- La función de las Salas de Auditoría será controlar los actos de contenido patrimonial a través del Cuerpo de Auditores.

Artículo 20.- El Tribunal tendrá un Cuerpo de Auditores que dependerá de los Vocales de Auditoría en cada una de sus Salas, según se establezca por reglamento interno. Los Auditores deberán poseer el título de Contador Público Nacional u otro en Ciencias Económicas o en otras disciplinas universitarias cuyos planes de estudio requieran como mínimo 5 años y en cuyas incumbencias esté contemplada la facultad de auditar,  debiendo acreditar una antigüedad en el ejercicio de la profesión no inferior a tres (3) años.

Artículo 21.- La Vocalía Legal será asistida por un Secretario que deberá poseer título de abogado expedido por universidad reconocida por el Estado, con un mínimo de tres (3) años de ejercicio profesional. En caso de ausencia prolongada, impedimento, excusación o recusación, las funciones del Secretario podrán ser subrogadas por un Abogado del Cuerpo de abogados designado por el Plenario de Miembros. El Tribunal de Cuentas establecerá la remuneración de la subrogancia por reglamentación interna.

Artículo 22.-Será función de la Vocalía Legal, sin perjuicio de las auditorías de juicio que resuelva efectuar, representar al Tribunal de Cuentas en las controversias judiciales sobre responsabilidad civil de los estipendiarios, y en las acciones y recursos en que el Tribunal de Cuentas sea parte. El Tribunal de Cuentas tendrá un cuerpo de abogados que dependerá de la Vocalía Legal.

Artículo 23.- Crease la función de Asesor Letrado para quien tenga la responsabilidad de expedir dictámenes legales, sin perjuicio de otras funciones que por reglamento le asigne el Tribunal.. Para ejercer la función se requerirá ser abogado con un mínimo de tres (3) años de ejercicio de la profesión. El reglamento interno del Tribunal establecerá las condiciones por las que el Plenario de Miembros podrá decidir la asignación de la función a las personas que cumplan los requisitos establecidos.

Artículo 24.- Crease la función de Fiscal Acusador para quien tenga la responsabilidad de efectuar la acusación prevista en el artículo 55 de ésta ley y sostenerla durante el Juicio Administrativo de Responsabilidad ante el Plenario de Miembros, sin perjuicio de otras funciones que por reglamento le asigne el Tribunal. Para ejercer la función se requerirá ser abogado con un mínimo de tres (3) años de ejercicio de la profesión. El reglamento interno del Tribunal establecerá las condiciones por las que el Plenario de Miembros decidirá la asignación de la función a las personas que cumplan los requisitos establecidos.

CAPITULO VI
DE LOS ACUERDOS PLENARIOS

Artículo 25.- Las siguientes resoluciones deberán ser adoptadas por acuerdo plenario de los miembros del Tribunal:
a) La extensión de la competencia del Tribunal;
b) la aprobación de su reglamento interno;
c) las designaciones, promociones y remociones del personal;
d)la aprobación y remisión al Poder Ejecutivo del proyecto de presupuesto del organismo para su incorporación al presupuesto general del Estado, debiendo remitirse copia del mismo a la Legislatura.
e) el ejercicio de la superintendencia sobre los miembros del Tribunal;
f)resolver sobre la responsabilidad civil de los estipendiarios por daños causados al Estado
g) la consideración de la cuenta general de inversión de la Provincia;
h) el ejercicio de la facultad de observación cuando fiscalizase con carácter preventivo los actos de contenido patrimonial;
i)la aprobación de las normas sobre procedimiento, rendición o fiscalización de los actos de contenido patrimonial;
j)el inicio de la acción civil de responsabilidad por daños patrimoniales causados a la administración ante el juez competente;
k)resolver las cuestiones que son de competencia de las Vocalías en caso de disidencia entre sus miembros.
l)A efectos de llevar adelante las auditorías o para el caso que la competencia o complejidad profesional lo requiera, así como en las ausencias prolongadas del personal, podrá contratar los servicios que estime corresponder, en los términos de lo previsto en el artículo 17 de la presente ley.
m)disponer las subrogancias previstas en la presente ley de acuerdo a la reglamentación que dicte.
n)Cualquier otro tema que por su importancia los Miembros soliciten su tratamiento por el Cuerpo en reunión Plenaria.

Artículo 26.- El quórum para sesionar será, como mínimo, el de dos (2) de los miembros del Tribunal. Dicho quórum será válido en el caso de ausencia de uno de los miembros que hagan imposible su presencia y , la urgencia en la resolución del caso, haga imposible la postergación para un próximo plenario. En caso de ausencia, impedimento, recusación o excusación de dos de los Miembros, se deberá constituir el Cuerpo convocando a un conjuez integrante de la lista que anualmente elaborará el Tribunal de Cuentas entre los profesionales de la matrícula que reúnan los requisitos establecidos para la designación de los titulares, constituyendo carga pública para el profesional que resulte sorteado.
Los acuerdos serán adoptados por el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Cuerpo presentes.

Artículo 27.- Los acuerdos plenarios serán convocados por el Presidente del Tribunal, notificando a los miembros el día, hora, lugar y el orden del día del acuerdo.

CAPITULO VII
DEL CONTROL DE LA CUENTA DEL TRIBUNAL

Artículo 28.- La cuenta de inversión del Tribunal será remitida a la  Legislatura para su aprobación. 

CAPITULO VIII
DEL CONTROL PREVENTIVO

Artículo 29.- La realización del control en ésta modalidad se realizará en las actuaciones por las que se hallan tramitado licitaciones públicas o privadas y contrataciones directas por excepción y tendrá lugar una vez dictado el acto administrativo por el que se apruebe el pago, en forma previa a la materialización de éste, y en cualquier otro momento, cuando así lo determine por reglamento el Tribunal de Cuentas. 
Dicho control se realizará conforme a los procedimientos establecidos en el capítulo IX, artículos 33 a 38 de la presente ley, con la reducción de los plazos a su mitad. 
El control previo será ejercido por muestreo selectivo de acuerdo a las normas técnicas contables y de auditoría generalmente aceptadas. Dicha muestra estará condicionada a la estructura de recursos humanos y económicos del Tribunal de Cuentas.
Las contrataciones que se efectúen en forma directa por el monto, según la reglamentación jurisdiccional vigente, podrán quedar exceptuadas del procedimiento previsto en éste artículo, sin perjuicio que el Tribunal de Cuentas solicite la vista o remisión a control, de considerarlo conveniente. 
Previo a la intervención del Tribunal de Cuentas las actuaciones deberán tener el visto bueno, expreso y fundado, de la Auditoría Interna correspondiente respecto del trámite y del acto dictado. El Auditor Fiscal que realice el control preventivo, deberá expedirse en un término no mayor a 48 horas, fundando los reparos y/o efectuando las recomendaciones para su corrección o modificación, corriendo vista al cuentadante quien deberá salvar los reparos formulados de inmediato o elevar su descargo conforme lo indican los artículos 35 y siguientes. En caso de requerir dictámen legal, el plazo fijado al Auditor Fiscal podrá extenderse  48 horas más.
Las observaciones, totales o parciales, formuladas por el Auditor, sostenidas por el funcionario designado para expedirse sobre la revisión y ratificadas por el Cuerpo de Miembros en el control preventivo, serán comunicadas al órgano emisor suspendiendo la ejecución del acto en todo o en la parte observada. 
El titular del poder o ente sujeto a control, podrá insistir, dentro de los tres días de notificado, en el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello. 

Artículo 30.- .- El Tribunal de Cuentas comunicará inmediatamente a la Legislatura el acto de observación y el de insistencia. Dentro de los diez (10) días corridos a partir de la recepción, la Legislatura provincial, con los dos tercios de sus miembros, podrá rechazar la insistencia elevada a su consideración poniendo en conocimiento de tal circunstancia al Tribunal de Cuentas a fin de que, si existiere perjuicio fiscal, produzca la acusación prevista en el artículo 54 de la ley, en caso contrario, la insistencia se tendrá por aprobada debiendo cursar formal notificación al Tribunal de Cuentas de ello.

CAPITULO IX
DEL CONTROL CONCOMITANTE

Artículo 31.- Los poderes públicos de la provincia, la Fiscalía de Estado y los entes descentralizados y autárquicos provinciales, darán vista al Tribunal de Cuentas, dentro del término de treinta (30) días de efectuado el pago o del  dictado de todo acto administrativo sobre, percepción de caudales públicos u operaciones financiero patrimoniales del Estado Provincial. 
Previo a la intervención del Tribunal de Cuentas las actuaciones deberán tener el visto bueno, expreso y fundado, de la Auditoría Interna correspondiente respecto del trámite y del acto dictado. Igual trámite será aplicado para los actos por los que el Tribunal de Cuentas disponga fondos.

Artículo 32.-La autoridad que dicte el acto será responsable por el cumplimiento de la vista ordenada en el artículo anterior.
Artículo 33.- La toma de vista de los expedientes por parte del Tribunal de Cuentas se realizará por el método de muestreo selectivo de acuerdo a las normas de auditoría que establezca el Tribunal de Cuentas y será practicada por los Auditores Fiscales en un término no superior a los cuatro (4) días. El Auditor Fiscal conformará y devolverá las actuaciones cuyo trámite se ajuste a las exigencias legales. En caso contrario, remitirán el expediente auditado al emisor con el reparo fundado, en acta de reparo que en forma autosuficiente indicará la norma que ha sido incumplida.
Artículo 34.- En casos excepcionales, el plazo indicado en el artículo anterior podrá ser prorrogado por un período igual, por resolución fundada de la Sala. 
Artículo 35.-El emisor del acto procederá a corregir los reparos y, en caso de considerarlo viable, en el término de cuatro (4) días formulará su descargo ante el Auditor Fiscal. El descargo deberá ser autosuficiente y deberá estar acompañado de la prueba y elementos de juicio en que se funda.
Artículo 36.-Recibido los descargos del cuentadante, en término no superior a cuatro (4) días, el Auditor Fiscal, podrá resolver el levantamiento de los reparos, cuando los descargos del cuentadante, en función de la documental y elementos de juicio agregados con posterioridad al reparo sean suficientes para afirmar que la documental no merece reparos. En caso contrario remitirá sin más trámite la documentación a la Sala pertinente de la Vocalía de Auditoría, quien dispondrá su revisión.
Artículo 37.-El Tribunal de Cuentas, por Plenario de Miembros designará al funcionario responsable de la revisión de las observaciones quien contará con un plazo de cuatro (4) días, para expedirse sobre la revisión solicitada y, en caso de mantener el reparo formulado por el Auditor Fiscal, así lo hará saber por disposición fundada notificada en forma fehaciente al cuentadante.

Artículo 38.-Solo el titular de la jurisdicción, la Fiscalía de Estado y los entes descentralizados y autárquicos, podrá apelar la disposición del funcionario responsable de la revisión de las observaciones ante el Plenario de Miembros remitiendo solicitud autosuficiente, documentada y fundada, invocando el error en la aplicación o interpretación que de la norma han efectuado el Auditor Fiscal y el funcionario responsable de la revisión de las observaciones, o los nuevos elementos de juicio no incorporados hasta el momento al expediente, contando para ello con un plazo perentorio de cuatro (4) días contados desde la notificación fehaciente del acto. El incumplimiento de éstos requisitos esenciales tornará inadmisible la pretensión.  El Plenario de Miembros deberá expedirse dentro de los diez (10) días contados a partir de la recepción del trámite sub examine y/o desde la cumplimentación de los antecedentes que se requieran al cuentadante. 

CAPITULO X
DEL CONTROL POSTERIOR

Artículo 39.- Los agentes del Estado, como los terceros que tuvieren la responsabilidad de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u otros bienes de pertenencia del Estado, como así también los que sin tener autorización para hacerlo interviniesen en las tareas mencionadas, estarán obligados a rendir cuentas de su gestión.

Artículo 40.- La rendición de cuentas se hará extensiva a la gestión de los créditos del Estado, por cualquier título que fuere, a las rentas que dejaren de percibir, a las entregas indebidas de bienes a su cargo o custodia y a la pérdida o sustracción de los mismos.

Artículo 41.- En caso de renuncia o separación del cargo de un agente responsable de rendir cuentas, el reemplazante deberá hacerlo por el período aún no rendido en un plazo de treinta (30) días desde la asunción del cargo. El agente reemplazante no será responsable por las irregularidades cometidas antes de la aceptación del cargo ni por la falta de documentación referida al período anterior al inicio de su gestión. 

Artículo 42.- Los responsables deberán remitir de acuerdo a lo señalado por la Ley de Contabilidad, disposiciones reglamentarias y resoluciones del controlador, las respectivas rendiciones de cuentas ante el Tribunal. Este establecerá, en los casos en que no estuviere especialmente previsto, el plazo para su presentación, el que no podrá superar los noventa (90) días corridos de producido el vencimiento del respectivo ejercicio presupuestario. 
En caso que la presentación no reuniera las formalidades exigidas por las leyes y reglamentos del controlador, será objeto de reparo, intimándose al cuentadante a la remisión de los elementos faltantes, en cuyo caso, la rendición se tendrá por recepcionada en forma definitiva al momento en que se completen los elementos requeridos. 

Artículo 43.-En el término de treinta días de recibidas las actuaciones el Auditor Fiscal responsable del ente en el control previo y concomitante, verificará los aspectos formales, legales, contables, numérico y documental y confeccionará un informe autosuficiente y fundado de los reparos que realice sobre la muestra seleccionada de la documental recibida para el control posterior y correrá traslado a los responsables de la actuación por el término de diez días, a fin de efectuar descargos y adjuntar la documental que estime pertinente. A partir de allí, el trámite continuará con el procedimiento que se determina en el capítulo IX de la presente, artículos 34 a 38, en sus partes pertinentes.

En casos excepcionales, y sobre pedido fundado, el Vocal de Auditoría podrá disponer el otorgamiento de prórrogas por un máximo que no supere la mitad de los períodos que determina la presente ley.

Artículo 44.- En caso de no presentación de la rendición de cuentas, el Tribunal podrá disponer, con costas a cargo al responsable de la omisión, la iniciación del juicio de cuentas, sin perjuicio de la aplicación de una multa de hasta el ochenta por ciento (80%) del sueldo nominal mensual del agente responsable.

Artículo 45.- Las cuentas no observadas por el Tribunal se considerarán aprobadas si transcurriesen un (1) año desde el momento en que se formalizó la rendición o desde la renuncia, vencimiento de mandato o separación del cargo del agente responsable de rendir cuentas, caducando a partir de entonces el derecho de reclamo sobre las mismas.  En éste último caso, el plazo comenzará a correr desde el momento en que el funcionario formalice su rendición. El Tribunal de Cuentas podrá formular de oficio y con cargo al cuantadante, la rendición de cuentas cuando éste no cumplimentare, en todo o en parte, con lo dispuesto en ésta ley y en los reglamentos que se dicten en torno a la oportunidad y forma de rendición, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 último párrafo. Quedan exceptuadas del presente artículo aquellas cuentas por las que se haya producido perjuicio fiscal, en cuyo caso será de aplicación el artículo 81. 

CAPITULO XI

DEL JUICIO DE CUENTAS

Artículo 46.- El procedimiento del juicio de cuentas tiene por objeto el examen de las cuentas observadas por el Auditor Fiscal en cualquiera de las modalidades de control previstas en la presente ley. 

Artículo 47.- El Auditor Fiscal podrá requerir de las oficinas públicas de cualquier jurisdicción los documentos, informes, copias o certificaciones necesarias, o citar a los responsables de las cuentas o cualquier otro agente del Estado a declarar sobre aquéllas.

Artículo 48.- En cualquiera de las tres modalidades de control previstas, si se resolviera la aprobación de la cuenta, la Sala actuante de la Vocalía de Auditoría dispondrá el archivo definitivo de las actuaciones. En caso contrario, de existir presunción de perjuicio patrimonial, el Secretario Contable con informe fundado remitirá las actuaciones al Fiscal Acusador quien deberá formular la acusación a los responsables directos. La acusación será remitida al Plenario de Miembros quien, en caso de decidir no hacer uso de la opción del artículo 57 de la presente ley, correrá traslado de la misma en los términos del artículo 64, iniciando el enjuiciamiento que se establece en el Capítulo XIII de la presente ley. 

CAPITULO XII
DE LA RESPONSABILIDAD

Artículo 49.- Los estipendiarios serán responsables de los daños que por dolo, culpa o negligencia causaren al Estado, estando sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. La jurisdicción del Tribunal se extenderá a aquellas personas que, sin ser agentes del Estado, dispusieren o tuvieren en custodia bienes públicos.

Artículo 50.- El agente que autorizare o realizare compras o gastos contraviniendo  normas legales, responderá del total gastado en esas condiciones. Si el gasto o compra resultare beneficioso para el Estado no se formulará cargo, siempre que la autoridad competente ratificase el acto, pero el Tribunal de Cuentas podrá aplicar una multa al agente responsable, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que pudiere corresponderle. El agente deberá probar la inexistencia de perjuicio para la administración.

Artículo 51.- Los agentes que autorizasen gastos sin la existencia del crédito correspondiente, o que excediesen el crédito serán responsables por el monto total o por la suma que excediese el crédito, salvo que la autoridad competente acuerde el crédito necesario de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Artículo 52.- Los agentes que dictasen, ejecutasen o interviniesen a sabiendas o con manifiesta culpa o negligencia en actos u omisiones contrarias a disposiciones legales, serán solidariamente responsables. 

Artículo 53.-Los agentes que reciban instrucciones deberán advertir por escrito a su superior sobre posibles infracciones que causare la ejecución de esas ordenes. En caso contrario serán responsables con carácter solidario, siempre que el superior no hubiere podido conocer la causa de la irregularidad sino por advertencia del agente.

CAPITULO XIII
DEL ENJUICIAMIENTO

Artículo 54.- La determinación de la responsabilidad civil de los estipendiarios será establecida por el Juicio Administrativo de Responsabilidad, con excepción de los funcionarios sujetos al procedimiento de remoción de desafuero, de juicio político y de enjuiciamiento previsto en los artículos 94, 114 y 162 de la Constitución. Para tales funcionarios el Tribunal de Cuentas, de considerarlo procedente, deberá solicitar según el caso, el desafuero, juicio político o enjuiciamiento.
El Tribunal de Cuentas de la Provincia está facultado para fijar los montos por los cuales no serán iniciadas las acciones administrativas, en los casos en que el presunto perjuicio fiscal causado al Estado sea de escasa significación económica. Tal facultad será dispuesta por resolución fundada. 

Artículo 55.- El Fiscal Acusador formulará acusación ante el Plenario de Miembros contra el o los estipendiarios que, previa sustanciación del juicio de cuentas o procedimiento de investigación, resultare presuntamente responsable de los daños patrimoniales a la Provincia, en las actuaciones que les sean remitidas por la Sala de la Vocalía de Auditoría conforme lo dispuesto por el artículo 48.

Artículo 56.- Dentro del término indicado en el artículo 63, o previamente en cualquier momento de la investigación, el estipendiario, presuntamente responsable podrá allanarse a la acusación mediante el pago del monto reclamado por el Tribunal.

Artículo 57.- El Tribunal de Cuentas, por acuerdo plenario de sus miembros, podrá resolver que, en caso de que existiese un perjuicio patrimonial al Estado por uno de sus estipendiarios, se inicien directamente las acciones correspondientes ante el órgano judicial. 

Artículo 58.- En el caso previsto en el artículo precedente el Plenario de Miembros designará a uno de los miembros del cuerpo de abogados como representante judicial del Estado Provincial.

Artículo 59.- La competencia del Tribunal de Cuentas, en el juicio administrativo de responsabilidad civil de los estipendiarios, excluye originariamente la jurisdicción judicial civil, salvo que éste resuelva iniciar directamente la acción judicial. La dirección del Juicio Administrativo de Responsabilidad estará a cargo de un presidente que surgirá por sorteo en cada expediente de entre los miembros del Tribunal, quien será asistido por la Secretaría Legal.

Artículo 60.- Una vez iniciado el procedimiento administrativo o el proceso judicial, no podrá desistirse e intentarse la otra vía de juzgamiento.

Artículo 61.- En caso de que se inicie una acción penal contra el estipendiario por el mismo hecho, no se suspenderá el juicio administrativo de responsabilidad civil.

Artículo 62.- La acusación deberá contener el nombre, documento y domicilio del estipendiario, los hechos u omisiones, el cargo imputado y el monto del resarcimiento reclamado. En el mismo escrito deberá ofrecerse la prueba. 

Artículo 63.- De la acusación se correrá traslado por el término de diez (10) días a aquél contra quien o quienes  se hubiere formulado con copia de toda la documentación, salvo que la misma fuere de gran voluminosidad, en cuyo caso se optará por adjuntar copia de la más relevante y el acusado podrá tener a su disposición para la consulta, copiado a su costa o estudio de la restante en la oficina que se determine. En estos supuestos, contará con un plazo adicional de cinco (5) días para efectuar su defensa.

Artículo 64.- El estipendiario acusado deberá ofrecer con el escrito de contestación la prueba de que intentare valerse.

Artículo 65.- La prueba documental deberá acompañarse con la acusación o su contestación, o indicarse el sitio donde se encontrare si no estuviere en poder de las partes.

Artículo 66.- El Tribunal administrativo convocará a la audiencia de prueba. Aquélla que no pudiere producirse en la audiencia lo será con anterioridad a ella. De la prueba producida quedará constancia escrita en el expediente.

Artículo 67.- El Tribunal podrá dictar medidas para mejor proveer.

Artículo 68.- Concluida la audiencia de prueba dictará resolución fundada en el término máximo de veinte (20) días, la que no podrá sustentarse en el principio de la responsabilidad objetiva, sino en la existencia de dolo, culpa o negligencia en la conducta de estipendiario. La resolución será notificada personalmente o por cédula . 
Artículo 69.- La resolución fijará la suma a ingresar por el responsable con su respectiva actualización e intereses, o rechazará la acusación formulada contra el estipendiario.

Artículo 70.- En caso de condena se intimará al responsable de hacer el depósito de la suma resarcitoria en el término de diez (10) días.

Artículo 71.- Si el responsable no cumpliere con la resolución, la Vocalía Legal instruirá a uno de los miembros del cuerpo de abogados para que inicie el juicio ejecutivo de apremio ante los tribunales ordinarios.

Artículo 72.- El testimonio de la resolución definitiva del Tribunal administrativo es título hábil para la vía ejecutiva de apremio.

CAPITULO XIV
DE LOS RECURSOS

Artículo 73.- El recurso de aclaratoria podrá ser deducido al solo efecto de precisar algún concepto oscuro, dudoso o contradictorio de la resolución definitiva dentro de los tres (3) días de la notificación.

Artículo 74.- El recurso de revocatoria procederá contra las sentencias interlocutorias, a fin de que el mismo Tribunal que la dictó la revoque o modifique por contrario imperio. El plazo para la interposición es de tres (3) días desde la notificación de la sentencia.

Artículo 75.- El recurso de revisión será interpuesto ante el mismo Tribunal en el término de diez (10) días desde la notificación de la resolución definitiva y será resuelto por el mismo. Deberá fundarse en:
a) Pruebas o documentos nuevos que hagan a la defensa del agente demandado;
b) en la no consideración o errónea interpretación de documentos agregados en autos.

Artículo 76.-Contra la resolución definitiva, el responsable podrá: a) Interponer recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación. La interposición de los otros recursos suspenderá el plazo para su deducción; o b) entablar acción contencioso-administrativa previo agotamiento de la instancia administrativa.

Artículo 77.- El recurso de apelación será concedido libremente y al solo efecto devolutivo.

CAPITULO XV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 78.- Si en el juicio administrativo de responsabilidad no se acreditaren daños para el Estado, pero sí actos, hechos, omisiones o procedimientos administrativos irregulares, el Tribunal remitirá copia de las actuaciones a la autoridad competente para la iniciación del sumario administrativo.

Artículo 79.- Si en la substanciación del juicio administrativo de responsabilidad se presumiese que se ha cometido algún delito de acción pública, el Tribunal formulará la denuncia. 

Artículo 80.- La declaración de incapacidad, fallecimiento o presunción de fallecimiento legalmente declarada del agente demandado, no es impedimento para la iniciación o prosecución del juicio.

Artículo 81.- La acción de responsabilidad patrimonial prescribe a los diez años  de cometido el hecho que causó el daño o de producido éste si fuere posterior. Son causas de interrupción de la prescripción: la notificación del sostenimiento de la observación que efectúa el funcionario responsable de la revisión de las observaciones en los términos del artículo 38 de ésta ley, la acusación formulada por el Fiscal Acusador en los términos del artículo 55 de la presente ley,  el reconocimiento de la obligación por parte del cuentadante realizado al momento de efectuar los descargos ante los reparos formulados. En forma supletoria, la suspensión e interrupción de este instituto se regirá por las normas del Código Civil. 
Artículo 82.- Los particulares podrán formular denuncias por presuntos daños patrimoniales causados al Estado por sus estipendiarios, ante cualquiera de las Salas de Vocalía de Auditoría. El rechazo de la denuncia por la Vocalía deberá ser fundado. 

Artículo 83.- Los plazos procesales establecidos en la presente, se contarán en días hábiles administrativos, con excepción del plazo para la interposición del recurso de apelación contra la resolución definitiva ante el Superior Tribunal de Justicia, los normados por el derecho de fondo y los establecidos por el artículo 38 de la presente, que se computarán de acuerdo al artículo 23 y concordantes  del Código Civil. 

Artículo 84.- El Código Procesal Civil y Comercial será aplicado supletoriamente en el procedimiento jurisdiccional administrativo.

CAPITULO XVI
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 85.-A excepción de los tres miembros designados según el artículo 164 de la Constitución Provincial y los asistentes indicados en el artículo 17 de ésta ley, todos los cargos deberán ser cubiertos mediante concurso de oposición y antecedentes . 

Artículo 86.- Derógase  toda norma que se oponga a la presente.

Artículo 87.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.